Lobera de Onsella

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Portada Colaboraciones Fernando Sahún Pleito villa de Lobera-Jesuitas (VIII)


Pleito villa de Lobera-Jesuitas (VIII)

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Con este capítulo finaliza el trabajo sobre el pleito Lobera-Jesuitas que D. Fernado Sahún Campo ha venido publicando en la web durante los últimos meses. Queremos agradecerle muy sinceramente su excelente trabajo que nos ha permitido conocer una parte de nuestro pasado y las vicisitudes que nuestros antepasados tuvieron que vivir en tiempos muy difíciles.

Es un trabajo que ha significado muchas visitas y muchas horas en archivos así como una gran dedicación personal que agrademos muy sinceramente a Fernando. Esperamos que os haya gustado.

PLEITO VILLA DE LOBERA-JESUITAS (VIII)

FIN DE LA DOCUMENTACIÓN

Tras las alegaciones presentadas por Pedro Joseph Cartusán en defensa de la villa de Lobera, y el traslado de las mismas al procurador del Colegio de la Compañía de Jesús de Huesca, la documentación que se dispone sobre este pleito ha llegado a su término sin haber encontrado en ella una resolución definitiva que aporte luz sobre el desenlace final de este enfrentamiento legal entre la villa de Lobera y el citado Colegio, dejando sin respuesta algunas cuestiones:

  • ¿Pagó al fin la villa de Lobera el importe de las pensiones atrasadas, correspondientes a los dos censos (1635 y 1655) que le reclamaba en este pleito el Colegio de la Compañía de Jesús de Huesca?

  • ¿Consiguió convencer el Sr. Cartusán con sus argumentos a los señores Oidores de la Real Audiencia para evitar a la villa de Lobera el pago de las “costas” de este pleito, exigidas por el Colegio de la Compañía de Jesús?

Ateniéndonos a la documentación que se ha manejado, existen razones suficientes para pensar que la villa de Lobera, tras una defensa astutamente dirigida por Pedro Joseph Cartusán, se salió con la suya, resistiendo con serenidad y templanza los embates del Colegio de la Compañía de Jesús y la insistencia de toda una Real Audiencia del Reino de Aragón.

En apoyo de esta suposición, es sintomático que no se hayan encontrado, entre la documentación fechada en este pleito, ápocas o recibos que certifiquen la entrega de cantidades de dinero a dicho Colegio por parte del Concejo y villa de Lobera, justificantes de pago que, por el contrario, sí abundan a lo largo del siglo XVII. La respuesta definitiva tal vez se encuentre en el archivo del actual Ayuntamiento de Lobera de Onsella.

Sin embargo, las relaciones financieras entre la villa de Lobera y el Colegio de la Compañía de Jesús de Huesca, fueran las que se juzgan en este pleito, u otras nuevas entabladas entre dichas partes con posterioridad, continuaron existiendo, como queda de manifiesto en el Catastro de Lobera del año 1850, donde aparece un dato sorprendente. En el apartado destinado a los “Censos”, dice lo siguiente: “El Colegio de Jesuitas de Huesca, ahora la Nación”. Y en la columna correspondiente al “Producto total y anual evaluado”, hay anotados 403 reales de vellón.

Extracto del Catastro de Lobera de 1850

Este dato nos aporta una doble información:

  • Por una parte, confirma la continuidad del pago de “pensiones” de la villa de Lobera al Colegio de la Compañía de Jesús de Huesca, ya sea de censos contratados en el siglo XVII, sobre los que tal vez incidía su naturaleza de perpetuidad, o de censos nuevos otorgados con posterioridad entre ambas entidades.

  • Por otro lado, nos informa de que ya no es el citado Colegio quien cobra las pensiones correspondientes a los censos contratados con la villa de Lobera, sino “la Nación”. Del mismo modo ocurre con otro censo de 100 reales que paga dicha villa al “Monasterio de San Juan de la Peña, ahora la Nación”.

De 1719, fecha del comienzo de este pleito, a 1850, año al que corresponden los datos del Catastro citado, transcurrieron 131 años. Durante este tiempo, y a través del proceso de “desamortización”, desapareció gran parte de las instituciones religiosas de España, pasando sus bienes, censos, rentas, etc., a la “Nación”.

La actuación contra las órdenes religiosas comenzó con la expulsión de los jesuitas del territorio español y sus posesiones, ordenada por Carlos III en el año 1767. El Colegio de la Compañía de Jesús de Huesca, una vez abandonado por los jesuitas, pasó a manos de los agustinos, que permanecieron allí hasta la desamortización de 1835. Después, dicho lugar fue convertido en el cuartel de San Vicente el Real. Mientras ocurre todo ello, la villa de Lobera sigue pagando las pensiones de los censos otorgados en su día a los jesuitas, como así consta en el citado Catastro de 1850 cuando dice: “Al Colegio de Jesuitas de Huesca”.

Expulsión de los jesuitas, 1767

A título recordatorio se adjunta un pequeño resumen del proceso desamortizador llevado a cabo en España:

a) Desamortización de Godoy, 1798:

Carlos IV obtiene permiso de la Santa Sede para expropiar los bienes de los jesuitas y de obras pías, que representaban 1/6 de los bienes eclesiásticos: bienes de la Compañía de Jesús, de hospitales, hospicios, casas de misericordia y colegios mayores.

b) Desamortización de José I, 1809:

Ordena la supresión de todas las órdenes religiosas, monacales, mendicantes y clericales, cuyos bienes pasarían automáticamente a propiedad de la “nación”. Pero una cosa son las órdenes del rey y otra la efectividad de las mismas.

c) Desamortización de las Cortes de Cádiz, 1813:

“Bienes nacionales”. Se llamaban así las propiedades que iban a ser incautadas por el Estado y vendidas en pública subasta: bienes de los “traidores” y “afrancesados”, orden de San Juan de Jerusalén y de las cuatro órdenes militares, fincas de la Corona, baldíos…

d) Desamortización del Trienio Liberal, 1820:

A lo anterior, añadió la venta de los bienes de la Inquisición Española, recién extinguida. Aunque se restableció tras el Trienio, hasta 1834.

Suprimió todos los monasterios de las órdenes monacales, los canónigos regulares de San Benito y los conventos de las órdenes militares.

Sus bienes quedaron “aplicados al crédito público”, por lo que fueron declarados “bienes nacionales”. Se prohibía su adquisición a todo tipo de “manos muertas”.

Mendizábal, joven                           Pascual Madoz

e) Desamortización de Mendizábal, 1836-1837:

Se centró en especial sobre las posesiones del clero regular.

La división de los “lotes” se encargó a las comisiones municipales, con lo que proliferaron las “manipulaciones”.

Los pequeños labradores no pudieron entrar en las “pujas”, y las tierras fueron compradas por nobles y burgueses.

f) Desamortización de Espartero, 1841:

Tuvo poca importancia.

g) Desamortización de Madoz, 1855:

Se declararon en venta las propiedades del Estado, del clero, de las órdenes militares, cofradías, obras pías, santuarios, de propios y comunes de los pueblos, de beneficencia y de la instrucción pública, con excepción de las Escuelas Pías

Es la que alcanzó mayor volumen de ventas, y tuvo una importancia superior a todas las anteriores.

De todo lo desamortizado, el 30% correspondía a la Iglesia; el 20%, a beneficencia, y el 50% restante a propiedades municipales.

CONCLUSIONES FINALES:

A comienzos del siglo XVIII, la villa de Lobera tiene dos censos contratados con el Colegio de la Compañía de Jesús, de la ciudad de Huesca:

En 1702, Lobera suspende el pago de la pensión de 163 sueldos y 4 dineros, correspondiente al censo otorgado en el año 1655 con dicho Colegio. Sin duda tuvo mucho que ver en ello la Guerra de Sucesión Española, por los enormes gastos que esta contienda ocasionó a dicha villa a causa de la ocupación alternativa de la misma por tropas de ambos bandos.

En 1719, tras diecisiete años de acumulación de la deuda, el Colegio de la Compañía de Jesús de Huesca presenta una denuncia ante la Real Audiencia del Reino de Aragón contra el Concejo, Universidad, vecinos y habitadores de la villa de Lobera, a los que reclama el pago de dicha pensión y atrasos.

Iniciado el pleito, cada una de las partes nombra a sus propios “procuradores” para que se hagan cargo de la protección de sus intereses.

La defensa de la villa de Lobera, dirigida por Pedro Joseph Cartusán, con apoyo del resto de procuradores y del Concejo, Universidad, vecinos y habitadores de dicha villa, centra todos sus esfuerzos en demostrar la nulidad de la “procura” de 7 de febrero de 1654 y de la “comanda” de 24 de enero de 1655, escrituras en las que se fundamenta el otorgamiento del único censo reclamado en principio por el citado Colegio, por presentar ambos instrumentos legales algunas irregularidades en su contenido.

En este trajín de documentos, el “Relator” y el “Escribano” desempeñan un papel muy relevante, ya que actúan de enlace entre las partes litigantes y la Real Audiencia. Como dato destacado, que nos habla de la importancia de este pleito, hay que citar las seis visitas efectuadas por el escribano Juan Joseph Araguás a la villa de Lobera para notificar al Concejo y Ayuntamiento otras tantas Reales Provisiones.

Tras una primera etapa presidida por el intercambio de razonamientos y alegaciones entre ambas partes, se entra en la fase de “Probanza”:

  • La villa de Lobera quiere “probar” que la “procura” de 1654, por la que se dio “poder” a Martín de Murillo y otros procuradores, es nula porque el Concejo General que lo otorgó se convocó y juntó en la Partida de la Onsella, y no en las Casas de la Villa, como era costumbre inmemorial. Con ello se invalidaba también la “comanda” de 1655, por la que Martín de Murillo, en nombre de la villa de Lobera, contrató con el Colegio de la Compañía de Jesús de Huesca el censo cuyas 17 pensiones se reclaman.

  • Para llevar a cabo la prueba de testificación, el Alcalde, Regidores y Ayuntamiento de la villa de Lobera, asesorados por sus procuradores, preparan un “Interrogatorio” de tan sólo tres preguntas, que serán respondidas en su día por tres testigos presentados al efecto.

  • El Colegio de los jesuitas, por su parte, está empeñado en conseguir que la villa de Lobera jure que la contratación de dicho censo fue legal, ya que como tal lo abonó dicha villa desde la fecha de su otorgamiento (1655) hasta el año 1702, en que suspendió los pagos.

No satisfechos con este juramento, los jesuitas del Colegio de Huesca solicitan y obtienen permiso de la Real Audiencia para invadir e “inventariar” todos los documentos guardados en el Ayuntamiento de la villa de Lobera, con el fin de localizar las ápocas o recibos que confirmen los pagos efectuados por dicha villa antes del año 1702.

Como era de esperar, entre los documentos encontrados en el Ayuntamiento figuran algunos recibos que ratifican los pagos verificados por la villa de Lobera al Colegio de la Compañía de Jesús de Huesca a lo largo del siglo XVII, pero sin precisar con claridad a qué censos corresponden.

Concluido el “Inventario”, Francisco Antonio Ondeano, procurador de los jesuitas, eleva sus quejas a la Real Audiencia, manifestando que ha finalizado el plazo de “Probanza” sin que la villa de Lobera haya presentado ninguna prueba que confirme la “nulidad” de la “procura” y “comanda” citadas.

Como respuesta a esta presión, Pedro Joseph Cartusán, procurador de la villa de Lobera, presenta tres documentos (dos procuras y una comanda) sin ninguna relación con el censo reclamado por el citado Colegio. Con ello quiere demostrar a la parte contraria que el Concejo de la villa de Lobera ha tenido siempre por costumbre reunirse en las Casas de la Villa, como así consta en los tres documentos entregados, y no en la Partida de la Onsella.

En la Audiencia Pública celebrada el 3 de septiembre de 1720, los señores Oidores ordenan lo siguiente:

  • Que el Colegio citado presente todos los censos que tenga contra Lobera.

  • Que la villa de Lobera presente las dos últimas concordias.

Y aquí salta la sorpresa. Francisco Antonio Ondeano, al remitir la lista de censos que el citado Colegio tiene contra la villa de Lobera, se limita a reseñar solamente uno de ellos (el otorgado en 1635: pensión, 3.722 sueldos y 6 dineros; capital principal, 134.000 sueldos, y 19 pensiones pendientes de pago), olvidándose por completo del censo inicial y único reclamado en este pleito (otorgado: 1655: pensión, 163 sueldos y 4 dineros; capital principal, 3.266 sueldos, y 17 pensiones de deuda).

Que el Colegio de la Compañía de Jesús de Huesca organice todo un pleito para reclamar el abono de un censo menor (17 pensiones atrasadas de 163 sueldos y 4 dineros cada una), y no haga constar en la denuncia inicial del mismo la existencia de otro censo de mucha mayor cuantía (19 pensiones de 3.722 sueldos y 6 dineros cada una), que según los jesuitas les debe también la villa de Lobera, es algo muy extraño. ¿En qué momento se percataron de la existencia de este segundo censo? ¿Acaso tuvo algo que ver en ello el “inventario” efectuado en el Ayuntamiento de la villa de Lobera a petición de dicho Colegio?

En este caso sí es correcto el cálculo del importe total de las 19 pensiones pendientes de pago, correspondientes al censo otorgado por la villa de Lobera al citado Colegio en el año 1635, ya que:

3.722 sueldos y 6 dineros x 19 = 70.727 sueldos y 6 dineros =

=3536 libras, 7 sueldos y 6 dineros

Nos hallamos a comienzos del año 1721. Pasa el tiempo, se presentan documentos, pero la villa de Lobera, haciendo valer sus razonamientos, y sobre todo ralentizando la marcha del proceso, se resiste a pagar.

Llegados al mes de febrero de 1721, se produce una interrupción temporal del pleito, quedando paralizado por espacio de 18 meses. Transcurrido este tiempo, Francisco Antonio Ondeano, procurador del citado Colegio, dirige de nuevo un escrito a la Real Audiencia en el que manifiesta “que deben satisfacerse a su parte las ‘costas’ procesales de esta causa que resultaren por justa tasación”.

Efectuada dicha tasación, se trasladan los resultados a la villa de Lobera a través de una nueva Real Provisión notificada, una vez más, por el escribano Araguás.

Pedro Joseph Cartusán, en respuesta a esta última petición, redacta un extenso escrito de descargo en el que, entre otras alegaciones, dice que no aprueba lo que se le solicita porque “este pleito hace más de un año que fue sobreseído, y sin haberse hecho en él diligencia alguna por ninguna de las partes”.

Tras los citados argumentos presentados por el procurador de la villa de Lobera, llegamos al término de los documentos contenidos en el legajo de este pleito sin haber encontrado una resolución definitiva sobre el desenlace final del mismo.

No obstante, los datos anotados en el Catastro de la villa de Lobera del año 1850, ciento treinta y un años después, nos indican que las relaciones financieras entre esta villa y el Colegio de la Compañía de Jesús de Huesca se prolongaron en el tiempo, incluso después de la desaparición de dicha institución religiosa.

Y así se da por finalizado este recorrido por la historia de Lobera de Onsella, que abarca un período de tiempo situado a caballo entre los siglos XVII y XVIII. Si con ello se ha logrado despertar o incrementar la admiración y el respeto por los antepasados de esta hermosa villa, se habrán cumplido todos los objetivos propuestos.

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